El acuerdo internacional (ACTA) en respuesta al “incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright” levanta barreras que perjudicarán a los países en desarrollo, que dependen de la importación y exportación de bienes esenciales, y a los derechos y libertades fundamentales, incluyendo derechos humanos internacionalmente protegidos, tales como el derechos a la salud, privacidad y protección de datos personales, libertad de expresión, derecho al debido proceso, incluido el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia, y el derecho a la participación cultural. Un acuerdo sin precedentes por su caracter abiertamente regresivo que ha sido analizado durante tres días por representantes de la sociedad civil reunidos en Washington.
Esta declaración refleja las conclusiones alcanzadas en el encuentro de más de 90 académicos, juristas, activistas y organizaciones en defensa del interés público de los seis continentes reunidos en la American University Washington College of Law, del 16 al 18 de junio. El encuentro fue convocado por el Programa sobre Información, Justicia y Propiedad Intelectual de la American University para analizar el texto oficial del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), publicado por primera vez en Abril del 2010.
La recuperación de la economía española no solo depende de nosotros. El enorme endeudamiento contraído por el Estado -un 11,4% de déficit público y un 56% de deuda, ambos sobre el PIB- ha provocado que las decisiones a tomar por parte del Gobierno de la nación dependan cada vez más de una serie de instituciones, mercados financieros y medios de comunicación enormemente influyentes. Uno de estos agentes son las denominadas agencias de 'rating' o de regulación.
Las tres principales agencias de 'rating' se reparten un 95% del mercado, y son definitivamente influyentes.
Gracias a la reforma de Aznar de la Ley Hipotecaria
¿Por qué pese a la palpable disminución de fieles y el descenso de las donaciones que esto conlleva, las arcas y el patrimonio de la Iglesia católica de nuestro país no parecen verse afectados? La culpa la tiene, en buena medida, la reforma que hizo el Ejecutivo de José María Aznar en 1998 de la Ley Hipotecaria, que permite a la Conferencia Episcopal registrar a su nombre inmuebles como templos, cementerios o casas sacerdotales que, hasta ahora, carecían de títulos de propiedad. Un libro recientemente publicado cifra en más de mil los inmuebles que han pasado a ser propiedad de la Iglesia española por este método sólo en Navarra. Los autores reclaman ahora que el Estado haga público a cuánto ascienden estas inmatriculaciones en todo el país.