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1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunci贸n de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresi贸n.
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2.- La suspensi贸n de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el art铆culo 20.5 de la Constituci贸n, pone en manos de un 贸rgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos espa帽oles el acceso a cualquier p谩gina web.
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3.- La nueva legislaci贸n crear谩 inseguridad jur铆dica en todo el sector tecnol贸gico espa帽ol, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra econom铆a, entorpeciendo la creaci贸n de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyecci贸n internacional.
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4.- La nueva legislaci贸n propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creaci贸n cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnol贸gicos se ha democratizado extraordinariamente la creaci贸n y emisi贸n de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
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5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deber铆an buscar otro modelo.
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6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, cre铆bles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
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7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias pol铆ticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
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8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en Espa帽a, ante cualquier presi贸n que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una econom铆a sostenible y realista de cara al futuro.
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9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio p煤blico y limitar los abusos de las entidades gestoras.
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10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate p煤blico y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no org谩nica y que versa sobre otra materia.
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